Para aprobar una ley

Para aprobar una ley

Pablo Padilla Rubio.

A propósito del caso Metrogas, y los daños colaterales (ni tan colaterales) de la ley 20.999, es momento de reflexionar un poco. En dicha ley, su articulado transitorio permitió que la distribuidora de gas armara un dispositivo de triangulación, de manera de inflar el precio final, violando el espíritu de la ley, que era exactamente el contrario. A 5 años de la promulgación de la norma, el daño financiero a los consumidores es enorme.

Si pensamos en el daño, podemos hablar de cientos de miles de pequeñas tragedias. La llegada de las cuentas básicas a los hogares, desata mes a mes un íntimo drama familiar, que se acumula, que desgasta el ánimo y los esfuerzos de quienes, para vivir, simplemente para vivir, deben pagar con su sudor las ganancias decretadas con engaño en un texto legal. Cocinar, bañarse, calentar la casa, pasan de ser episodios dramáticos, dilemas diarios que se deben resolver. Mientras tanto allá, en los grandes directorios empresariales, la famosa “certeza jurídica” mantiene en pie las cifras del éxito macroeconómico de un país. Total, el precio de esos números se paga muy lejos. Sigamos. Seguimos.

Para aprobar una ley, la que sea, se necesita del acuerdo, la concurrencia y el voto de un amplio abanico de fuerzas políticas. Entonces, ante los daños ya causados, el ejercicio posterior (a veces posterior en años) es el de echar las culpas hacia el bando del frente. Y caben muchas preguntas: ¿Quién impulsó la ley? ¿Quién la modificó? ¿Quién votó a favor, quién se opuso?

La respuesta a esas preguntas es información pública, está en la Biblioteca del Congreso Nacional. El listado de votaciones de la Cámara y el Senado puede sorprender y enojar a muchas personas, que esperan desde su propia tragedia diaria, algo de “consecuencia”, algo de “consciencia social” de sus representantes. ¿Es necesario esperar eso? Quién sabe. Tal vez no.

Son tiempos de cambios profundos. Venimos de una Revuelta que incendió Chile. Y los rescoldos de ese Estallido siguen allí, escondidos, seguros, tibiecitos. Quizás esperan un viento recio que los reactive. En cualquier caso, es posible sacar lecciones.

El mal radica en el artículo 12° transitorio de la ley 20.999. Este venía del gobierno de turno, el segundo de Michelle Bachelet, como una indicación.

Más allá del caso, hay que hacerse cargo del modo de hacer política. En este ejemplo, el mal radica en el artículo 12° transitorio de la ley 20.999. Este venía del gobierno de turno, el segundo de Michelle Bachelet, como una indicación. ¿Por qué se aprueba esto, de manera transversal? En simple, es lo de siempre, el ritual de lo habitual en la política tal como la conocíamos. Más allá del contenido y sus (caras) implicancias, estaba la pulsión de apoyarla. ¿Porqué? Por lealtad, por alinearse al gobierno, por los propios intereses, lo que sea. Y la máquina sigue rodando.

Artículo 12° transitorio de la ley 20.999.

Quienes con entusiasmo se ofrecen ahora a “rechazar para reformar”, son los mismos sectores que aprobaron estas y otras leyes. Leyes que fueron leña para la hoguera que inflamó el octubre de 2019. La intención es, una vez más, torcer el espíritu de una ley, torcer la voluntad popular de un país que necesita cambios. De ahí su entusiasmo para declararse “amarillos”, para querer “arreglar” lo que salga de la Convención Constituyente. Y están a la espera de esos arreglos, actores como Metrogas y las corporaciones que han lucrado sin pudor en estos años. Esperan, como siempre, constituciones y leyes hechas a la medida de la casta de barones sin escrúpulos.

Entonces no. No y mil veces no. Hay que impulsar, hay que defender, hay que consolidar, hay que aprobar los cambios. Cambios que, también eventualmente, ayudaran a terminar con las pequeñas tragedias cotidianas. Apenas (y ya es mucho), un poco de justicia. Un poco.

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