La historia no suele dar segundas oportunidades

Por: Sebastián Andrade, periodista.

Vivimos un momento único e irrepetible. De esos que son los más escasos que generan las dinámicas sociales y que tienen la posibilidad de torcer la pesada carga de años, décadas y siglos en la que ha prevalecido una única mirada de hacer las cosas. Una oportunidad en que la voluntad popular, expresada en el voto de la elección de los constituyentes, permitió que aquellos cuya voz y opinión ha sido históricamente desdeñada, hayan tenido la oportunidad de presentar una propuesta de nueva constitución al resto de la ciudadanía. Como jamás ha sucedido en nuestra historia como nación independiente.

Propuesta que puede tener defectos. Por supuesto que sí, como toda acción humana. Pero que tras de sí está abrigada de algo que su antecesora carece del todo: el afán por preservar el bien común; el sentido de lo colectivo, la importancia del nosotros, la noción de que el postergado de siempre ahora sí nos importa. Vaya qué diferencia.

A lo anterior se suma la legitimidad del ejercicio del voto detrás de su instalación y su inigualable capacidad de representar la diversidad de los habitantes del país, quizás como ningún otro cuerpo colegiado en nuestra historia. Con gente normal, que anda en micro y que carece de vínculos con los grandes grupos económicos. Convención Constitucional, por cierto, muy diferente a la Comisión Ortúzar, encargada del entramado legal de la fraudulenta Constitución de 1980, compuesta por un pequeño grupo de adherentes de la dictadura, que plasmaron, sin contrapeso alguno, su particular visión de la sociedad. Sin dudas, un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes.

Escrita por gente normal, que anda en micro y que carece de vínculos con los grandes grupos económicos. Convención Constitucional, por cierto, muy diferente a la Comisión Ortúzar, encargada del entramado legal de la fraudulenta Constitución de 1980, compuesta por un pequeño grupo de adherentes de la dictadura.

Precisamente, esa proximidad de personas “de a pie” que nos presentaron su borrador de propuesta, la hace humana y no exenta de los mismos problemas que puede tener cualquier ciudadano. Con las mismas virtudes y defectos que el resto de la sociedad. Ya no personajes inalcanzables que desde el Olimpo nos enseñan cómo se deben hacer las cosas. Incluso, con algunos que hayan podido caer conductas reprochables de engaño a la fe pública, como el convencional Rodrigo Rojas, quien inventó un cáncer ante el resto del país, quien rápidamente fue apartado de sus funciones y devolvió el dinero recibido por sesiones en las que ya no participó. Todo con la debida atención mediática del caso, que, sin embargo, no se vio con el mismo énfasis para marcar hechos también de dudosa catadura moral, como la del convencional Arturo Zúñiga, exsubsecretario de Redes Asistenciales en plena pandemia, a quien la Contraloría le detectó la emisión de “órdenes de compra sin certeza real sobre la capacidad disponible de las instalaciones destinadas a hospedar a pacientes con coronavirus, derivando en un sobreprecio en servicios prestados”. Un cuerpo que ha sabido afrontar, al menos una de estas dos irregulares situaciones, en mi opinión, ha dado suficientes muestras de madurez y de compromiso con el país.

Durante casi un año, el trabajo de la Convención Constitucional tuvo a su haber a lo largo de todo Chile audiencias públicas, cabildos, encuentros con la sociedad civil y en su interior trabajo en diversas comisiones. Donde todo cuerpo intermedio de la sociedad pudo presentar ideas y propuestas para que fueran sometidas al análisis y escrutinio de la Convención, la que con los 2/3 de sus 154 representantes, finalmente, aprobó el borrador presentado al país. Es decir, la expresión máxima de voluntad popular plasmada en el borrador final. Más legitimidad que eso, imposible.

Mentiras y medias verdades

Con aciertos y errores, el trabajo constituyente ha tenido una constante: oír a sus electores y las postergadas demandas de una sociedad que se cansó de ser abusada a diario. Quizás por ello, el horror expresado por las distintas caras que tiene nuestra élite; la financiera, política, intelectual, religiosa, etc. Es decir, aquellos que han dominado sin contrapesos el quehacer de Chile durante más de doscientos años y que ven, con espanto, como son otras caras las que están escribiendo el Chile que amanece. Los mismos que se mostraron perplejos por las masivas movilizaciones de 2019 y que hasta hoy no entienden el porqué de millones de chilenos en las calles hastiados que todo sea sujeto de negocio, que solo favorece a ese mismo sector social que se hizo dueño de los lucrativos negocios de la salud, educación, vivienda, pensiones y muchos más. En fin, los derechos sociales entregados al mejor postor, tal como lo promueve la constitución amañada en el vergonzoso fraude de 1980 con la que deberemos quedarnos si esta propuesta constitucional es rechazada.

Aquellos que han dominado sin contrapesos el quehacer de Chile durante más de doscientos años y que ven, con espanto, como son otras caras las que están escribiendo el Chile que amanece.

Al ver que el texto del borrador constitucional ha ido tomando un rumbo muy distinto al esperado por la élite, la campaña de desprestigio no se ha hecho esperar. Con algunas medias verdades, otras falacias y también mentiras de la primera a la última letra. Partieron con que se iba a aprobar la eliminación de los símbolos patrios. Descartado de plano. Que los pueblos originarios tendrán un status distinto. Falso. El borrador presentado dice que las personas indígenas serán procesadas bajo el mismo sistema que las personas no indígenas. La diferencia está en que los tribunales deberán adoptar una perspectiva intercultural y tener en consideración las costumbres, tradiciones y protocolos de los pueblos originarios. La igualdad ante la ley permanece inalterable.

Al ver que el texto del borrador constitucional ha ido tomando un rumbo muy distinto al esperado por la élite, la campaña de desprestigio no se ha hecho esperar. Con algunas medias verdades, otras falacias y también mentiras de la primera a la última letra.

También, mañosamente, se ha insistido en que “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”. Afirmación, al menos imprecisa. Tal como publicó el sitio web Fast Check en el borrador del proyecto constitucional, se dice que “la Constitución garantiza a las personas el derecho a la seguridad social. Para ello, la ley creará un Sistema de Seguridad Social público, encargada de «otorgar protección» en caso que la persona tenga enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”. Y añade que será el Estado a quien le corresponderá definir la política de seguridad social, que se financiará a través de los trabajadores y los empleadores -por medio de cotizaciones obligatorias- y la nación. Por ello, insistir en dicha afirmación es, a lo menos, irresponsable. O también que la convención habría suprimido el derecho a propiedad. De nuevo, totalmente falso. El artículo que consagra este derecho dice que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes», a excepción de aquellos bienes que «la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiable”.

Asimismo, a través de e-mails, whatsapp u otros medios, se ha insistido en que con la nueva constitución “se acaba la unidad territorial del Estado”. Nuevamente, mentira. Al inicio del capítulo de Estado Regional del borrador, se determina que “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”. O que “Se acaba la educación particular subvencionada y la diversidad de proyectos educativos”. Adivine. Totalmente falso. La propuesta dice “el Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado”, lo que supone la integración de tanto la educación pública como privada el sistema educativo.

Y así, la lista es tan larga como la imaginación de sus ocurrentes creadores. Lo que sí es verdad es el intento de cierto grupo por meter una falsa cuña que busca alzar una opción que no existe en ninguna parte; la denominada “tercera vía”, que no es otra cosa que un intento de buscar un camino supuestamente intermedio entre votar Apruebo o Rechazo al texto propuesto. Olvidando, de paso, que el plebiscito del próximo 4 de septiembre hace una sola y sencilla pregunta: ¿aprueba o rechaza el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional? Si gana el Apruebo, tenemos nueva constitución. Si gana el Rechazo, seguimos con la actualmente vigente, la de 1980. Y no hay más. Esos fueron los términos del acuerdo firmado en noviembre de 2019.

Por todo lo anterior, la propuesta de esa “tercera vía” es falaz por donde se le mire, pues se supone que detrás de ella hay algo tangible, pero si se mira, tras esos llamados no hay nada: gente que la respalde, partidos políticos, ni menos alguna invitación a algo concreto. Es una idea más cercana al mañoso eslogan “Rechazar para reformar” de buena parte de la derecha durante el plebiscito de entrada del año pasado. Un piscinazo sin agua.

Las profundas diferencias

Lo que sí es tangible y real son las propuestas del borrador constituyente. Que, en sus aspectos más sustantivos, proponen importantes cambios en comparación a lo que tenemos hoy. Por ejemplo, en lo relacionado a los derechos de agua, donde la vigente constitución dice que “los particulares tienen derechos de aprovechamiento sobre las aguas”. Mientras que la nueva propuesta entiende “el agua, como bien común natural, es inapropiable”. Y añade que “El Estado debe preservar, conservar y restaurar los bienes comunes naturales”. Es decir, un giro copernicano en la forma de relacionarnos con, quizás, el bien más importante y escaso de este siglo.

En materia de Salud también hay importantes diferencias. Mientras la actual constitución dice que “el Estado ejecutará acciones de salud, ya sea por la vía pública o privada, y existe el derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse”, la nueva propuesta señala que “El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado y le corresponderá al Estado su rectoría”. Nuevamente, un cambio no menor porque releva a la salud como un derecho social, ya no sujeto a lo que dictamine el mercado.

Mientras la actual constitución dice que “el Estado ejecutará acciones de salud, ya sea por la vía pública o privada, y existe el derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse”, la nueva propuesta señala que “El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado y le corresponderá al Estado su rectoría”.

Para qué decir en Vivienda porque mientras la actual constitución no cuenta con párrafo alguno que mencione algo sobre esta delicada área, la nueva constitución contempla el “derecho a una vivienda digna, adecuada, habitable con espacio y equipamiento suficiente”. Y agrega la necesidad de contar con “disponibilidad de servicios, accesibilidad y ubicación apropiada”. Igual cosa ocurre en relación con los actos de corrupción. Mientras la constitución de 1980 no hay mención alguna sobre el particular, el borrador presentado señala que “el Estado tiene como deber promover la integridad y erradicar la corrupción, con medidas para prevenir, investigar, perseguir y sancionar estos delitos”.

Incluso en materias que uno podría pensar que los constituyentes no tuvieron incidencia, como el trabajo de bomberos, sí la hay. Porque, mientras la actual constitución no los nombra, la propuesta actual no solo reconoce la labor de bomberos, sino que expresa que “es un deber del Estado dar cobertura financiera para sus gastos operacionales y cobertura médica a su personal”.

Admitiendo que puede haber elementos ausentes o que uno quisiera con más o menos énfasis, las diferencias entre ambas son enormes. Hay un abismo en la manera de entender la sociedad, y a las personas que hacen al país. Ya no como un mero consumidor en un país construido desde el individualismo, sino que en un Chile que nos entiende como sujetos activos de derechos y deberes.

No olvidemos que estamos eligiendo entre la actual constitución, armada en dictadura, bajo fraude y entre cuatro paredes y esta nueva propuesta, que cuenta con la legitimidad del voto de los chilenos en la representación de sus creadores. A no engañarse porque no es otra la disyuntiva este 4 de septiembre.

Nadie podría pretender que una constitución lo represente a uno en un cien por cien. Sería absurdo e ilógico. Acaso egoísta. Lo que sí uno puede hacer es comparar cuál cuerpo legal tiene como norte el bien común, para mí, lo más importante. Y ahí no hay donde perderse. Por eso, frente a este momento único e irrepetible, este 4 de septiembre, yo APRUEBO.

Descargue acá el borrador con la propuesta para una nueva Constitución