DERECHOS HUMANOS ¡¡SIEMPRE!!
“El silencio en la cara de la justicia es complicidad con el opresor”. (Ginetta Sagan, activista de los DD.HH.)
Por Andrés Vera Quiroz, director CODEPU
Hace ya 72 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada como un ideal común con el sentido que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto individuos como instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, así como el cumplimiento de sus obligaciones.
En este día, vale la pena recordar y mencionar el espíritu del salto juvenil del torniquete y las posteriores movilizaciones que provocaron una profunda abertura hacia un plebiscito que no se encontraba en la hoja de ruta del actual gobierno y que en la actualidad encamina al país a un potencial nuevo marco institucional. El mencionado proceso no estuvo ni está exento de tragedias y dolores como todos los episodios de la historia, solo acordarse del millar de desaparecidos aun provoca escalofríos. El proceso iniciado el 18 de octubre deja por el momento un saldo de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, en su mayoría pertenecientes a Carabineros de Chile.
No es solo Gustavo Gatica o Fabiola Campillai. Lo son también Mauricio Fredes Fredes, Cristián Valdebenito Valdebenito, Abel Acuña Leal, Jorge Mora Herrera, Geraldine Alvarado Parra por señalar a algunos en que el accionar policial les causó la muerte y/o heridas como a Geraldine. Y también están las 8.827 personas que denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado.
Del total de causas relacionadas a Violencia Institucional, a la fecha solo se han formalizado a un total de 75 personas por delitos relativos a violaciones a los derechos humanos, de los cuales 25 se encuentran en prisión preventiva y sólo un imputado ha sido condenado.
Del total de causas relacionadas a Violencia Institucional, a la fecha solo se han formalizado a un total de 75 personas por delitos relativos a violaciones a los derechos humanos, de los cuales 25 se encuentran en prisión preventiva y sólo un imputado ha sido condenado. Los delitos por los cuales han sido formalizados estos agentes del estado figuran la tortura, los apremios ilegítimos, lesiones graves, homicidio y obstrucción a la investigación.
La crisis socio sanitaria en el marco mundial de la pandemia del coronavirus desvío y frenó la dinámica de la protesta justa y necesaria hacia otros requerimientos que nacieron a partir del enclaustramiento obligatorio. Las mismas desigualdades que habían estado presentes en la Alameda, ahora se izaban en el barrio, en el territorio. Las desigualdades para enfrentar la pandemia, las desconfianzas ante las medidas a destiempo y contradictorias con que se enfrentaba la pandemia se convirtieron en incertidumbre y angustia en las familias. No hay que olvidar los 15.000 muertos por este flagelo. ¿Cómo no acordarse de las protestas de mayo en los barrios humildes y populares que los matinales no pudieron ocultar?
Pero el Estado, aquella institución que expresa las relaciones de poder que, ha llegado tarde en apoyo de los más postergados y que ha actuado a través de sus agentes con una política de castigo a los sectores que se movilizaron por dignidad y mejores condiciones de vida. Ese Estado, ha dispuesto más de 1.700 querellas contra manifestantes, la mayoría de ellas refieren a una Ley de Seguridad del Estado que en sí misma es una ley antidemocrática y represiva. Muchos de los perseguidos son jóvenes, y además, víctimas de apremios ilegítimos, torturas y tratos degradantes al momento de su detención o durante el proceso, sin mencionar los montajes, como en el caso de Diego Ulloa Cárdenas, Anderson Rayo Andrade y/o los detenidos por el caso Hotel Principado de Asturias.
Hoy estos jóvenes cumplen medidas cautelares draconianas acusados de delitos que no ameritan una medida como la prisión preventiva prolongada en el tiempo, con pruebas improcedentes y procesos judiciales extensos. Parece ser que el Poder Judicial, el mismo que fue cómplice durante la Dictadura Militar se encuentra más abocado a vigilar y castigar que en el afán de buscar responsables de la represión estatal.
Hoy estos jóvenes cumplen medidas cautelares draconianas acusados de delitos que no ameritan una medida como la prisión preventiva prolongada en el tiempo, con pruebas improcedentes y procesos judiciales extensos. Parece ser que el Poder Judicial, el mismo que fue cómplice durante la Dictadura Militar se encuentra más abocado a vigilar y castigar que en el afán de buscar responsables de la represión estatal. Las cifras son contundentes, solo un 1% de los agentes del Estado que cometieron violaciones durante el estallido social han enfrentado cargos ante algún tribunal. Probablemente se sigue cumpliendo la promesa que el ex general director de Carabineros, Mario Rozas hizo en noviembre de 2019: “hay algunas cosas que les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.
Igualmente, se debe tener presente que el personal de Carabineros de Chile orientado al control de las manifestaciones en las dos primeras semanas de la protesta social disparó un total de 104.341 cartuchos calibre 12 con sus escopetas antidisturbios, los que contenían un total de 1.252.092 perdigones (12 proyectiles por cartucho). Ahí, claramente se encuentra una de las explicaciones, al menos numérica, del alto número de lesiones y traumas oculares.
El año venidero está marcado por elecciones de diversa índole. Serán tiempos de discursos, promesas y programas. Pero también para las potenciales candidaturas de un programa que abogue por Verdad, Justicia, Reparación y, sobre todo, de garantías de no repetición.
El Chile de los próximos meses y años demanda con extrema urgencia un compromiso real con los Derechos Humanos, y una lectura humana e igualitaria de las condiciones de desigualdad y de exclusión.
El Chile de los próximos meses y años demanda con extrema urgencia un compromiso real con los Derechos Humanos, y una lectura humana e igualitaria de las condiciones de desigualdad y de exclusión.
El presidente Piñera, que cuenta con escasa adhesión y credibilidad-como lo señalan algunas encuestas- recordó en el día de los Derechos Humanos que “es deber del Estado y todos los organismos del sector público promover y proteger los Derechos Humanos en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, porque al igual como los Derechos Humanos son indivisibles, no aceptan ninguna excusa para pasar por encima de ellos. Para lograr este propósito no basta con buscar la verdad, investigar y sancionar a aquellos que han cometido atropellos a los derechos humanos o reparar a sus víctimas, se requiere anticiparse, crear y promover una verdadera cultura de respeto a los Derechos Humanos”.
Los desafíos son enormes, más cuando Chile aún no supera el trauma de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar y en estos tiempos, nos vemos enfrentados de nuevo a ellas. Uno de esos desafíos es que el imperativo de los derechos humanos no sea palabra de discurso etéreo sino realidad concreta para todas y todos
Chile precisa implementar el Defensor del Pueblo como un ente de participación y expresión ciudadana, asimismo, se hace imperioso para efectos de no repetición: Juicio y Castigo a los responsables; Reparación Integral; Disolución de las Fuerzas Especiales y Refundación a Carabineros de Chile y Libertad a todos los Presos Políticos de la Revuelta sólo de ese modo podremos ir avanzando por nuevos caminos, esos que se fueron construyendo desde las luchas por la independencia y por la emancipación de los pueblos y que nos reencontraron en alamedas, calles, plazas y territorios a contar del 18 de octubre del 2019.
