Noviembre 2019: Cuando la clase política se subió colada al tren de los cambios
Este mes, en el que las protestas callejeras contra el gobierno y toda la clase política en general se tornaron constantes y masivas, se pudo ver cómo la clase política tuvo la capacidad de aguantar los golpes al ser interpelada como nunca con frases como “Ustedes son el problema, no la solución”, pero que, rápidamente, como un solo cuerpo, encontró una salida a la medida institucional de sus necesidades. Esto resulta claro al constatar el “Acuerdo por la Paz y nueva Constitución en Chile”, firmado el 15 de noviembre en la madrugada por casi toda la clase política con presencia en el Congreso, tras un par de días de tira y afloja.
Una clase política que se subió de colado a un tren de cambios impulsado por una masa de gente que expresó en la calle todas sus penurias y abusos. Sin embargo, pese a haberse subido por atrás, los partidos con presencia parlamentaria (y por lo tanto, con mucho que perder), llegaron a este acuerdo y, sin pedir permiso, tomaron control del tren, que se dirigía, desbocado, a caminos no deseados por la élite y se presentaron con soluciones como la Convención Constituyente, que parece una Asamblea Constituyente, pero que al ser un cuerpo obligado a funcionar con reglas dispuestas por la clase política interpelada (quórum de 2/3), dejó a muchos con sabor a gato por liebre.
La firma del mencionado acuerdo fue celebrada por muchos como una “clara demostración que hemos escuchado a la gente” y que el Congreso “hizo la pega”, lo que significaba que al otro día ya no habría más gente en las calles. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: ese mismo viernes 15 por la tarde, Plaza Baquedano (o de la Dignidad), nuevamente, estaba llena de gente con las mismas consignas de los días anteriores: “No + AFP”, “Fin al CAE”, “Renuncia Piñera”, “Pensiones Dignas” y una larga lista que demostraban que, para muchas personas las soluciones cupulares significaban un paso, pero de ninguna manera una real solución para terminar un sistema abusivo. “Nada ha cambiado” se oyó, lo que confirma que las masivas manifestaciones, pese a no contar con rostros visibles, sí tenían claras ideas de lo que se exigía. Sin embargo, hasta ahora, medidas sociales de alto impacto no ha habido.
Las constantes violaciones a los DD.HH.
La más contundente respuesta desde las autoridades no vino de la mano de medidas sociales, como pudo haber sido una cirugía mayor al sistema de AFP (o bien terminarlas); lo mismo con las Isapre; o acaso condonar buena parte (o todas) las deudas del CAE. Soluciones que la gente sintiera como que sí hubo un acuso de recibo de lo que se pedía. No. Por el contrario, lo que sí hubo y en gran escala fueron balines de goma, bombas lacrimógenas, detenciones arbitrarias, denuncias de torturas y un largo etcétera por parte de Carabineros, cuyos constantes abusos, hasta noviembre dejaron más de 3.500 personas heridas, de las cuales 359 presentaban lesiones oculares, muchas de ellas con pérdida total de la visión de un ojo. Y con los casos más dramáticos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de ambos ojos producto de la represión policial.
En este marco de alta convulsión social y más fuerte represión, las palabras del general director de Carabineros causaron estupor: “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen no lo voy a hacer», dijo ante sus subordinados. Declaraciones que, pese a mostrar un total irrespeto por la ley, no fueron sancionadas, ni cuestionadas por las autoridades civiles que, se supone, están sobre él. Bajo este convulso ambiente es que comenzaron a llegar a nuestro país delegaciones de distintos entes de Derechos Humanos. Así, inició su trabajo en terreno el equipo de Derechos Humanos de la ONU, lo propio con Human Rights Watch, que emitió un duro informe contra nuestro país, haciendo un “urgente llamado a reformar Carabineros”, igual que Amnistía Internacional, que manifestó que las violaciones a los Derechos Humanos en Chile «no son hechos aislados».
Desde la sociedad civil, específicamente desde el feminismo, surgió una respuesta que dejó helados a todos. El colectivo “Las Tesis”, de Valparaíso, presentó en público una performance titulada “Un violador en tu camino”, en alusión a una serie de vejaciones y humillaciones sexuales denunciadas por gran cantidad de mujeres a manos de carabineros al momento de ser detenidas. La presentación, fue rápidamente replicada por todos los rincones del país, por miles de mujeres que aprovecharon la ocasión para manifestar su repudio a la violencia machista y, a la vez, apoyar las manifestaciones que se continúan desarrollando en todo Chile. Tal fue el impacto, que a los pocos días la presentación también fue replicada por mujeres de todo el mundo, en todos los continentes, en decenas de idiomas, cada cual apoyando el sentir feminista de un mundo más igualitario y sin violencia de género.
Desde el gobierno, la respuesta se mantuvo con el foco de mantener el orden público y no en abordar de raíz las demandas denunciadas desde el 18 de octubre. Así, apegados al conocido libreto de “no permitir alteraciones en las calles”, desde el Ejecutivo se conoció el proyecto de protección a la infraestructura crítica que busca que las Fuerzas Armadas custodien en momentos de Estados de Emergencia, una serie de lugares denominados críticos para el normal desarrollo de las ciudades. Proyecto que en ningún punto enumera cuáles son esos puntos críticos y que, además, contienen un polémico acápite en el que dice: «En el ejercicio de esta facultad, en ningún caso se podrá decretar la suspensión, restricción o privación de derechos y garantías constitucionales, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes de las Fuerzas de Orden y Seguridad«.
