Amenazas a la fiscal Chong: Hagamos memoria
Por: Trinidad Lathrop.
Esta semana ha sido una semana de una violencia brutal en nuestro país.
Un adolescente es empujado por un carabinero desde un puente a siete metros de altura, al lecho del río Mapocho y dejado por los mismos carabineros con la cabeza en el agua, boca abajo, inconsciente sin hacer nada para evitar que muriera. Son jóvenes, civiles, quienes se arriesgan a actuar mientras el presunto autor del delito y sus compañeros los miran desde lejos. Son ellos, los mismos manifestantes, quienes le salvan la vida al joven.
Y como si no fuera suficiente, en la formalización la fiscal muestra pruebas que los carabineros mintieron, que habrían falsificado un parte policial e inventaron una detención, tratando de dificultar o impedir la investigación de fiscalía.
Todos esos hechos descritos constan en notas de prensa y vídeos, y son los que permitieron a la fiscal Chong formalizar al carabinero, que fue dejado en prisión preventiva por el juez de garantía, debido a la gravedad de los hechos. Son estos hechos los que investiga la fiscalía, junto a múltiples querellas; son estos hechos los que este fin de semana coparon la prensa internacional.
Pero resulta más escandaloso aún, que en un país donde el gobierno, diputados y senadores mencionan el estado de derecho en cada aparición que hacen en los medios de prensa, exigiéndole a la ciudadanía su respeto, la policía actúe fuera de la ley impunemente. Todo esto agravado por el hecho que, cuando la fiscalía decide perseguir estos delitos contra la vida y la integridad de las personas, esta misma policía amenaza y hostiga a la fiscal a cargo.
Y para agrandar el escándalo, un senador justifica esta acción, presumiendo que un juicio por evidente violación a los derechos humanos obedecería a una ideología política de la fiscal, y el presidente aparece señalando que apoya a carabineros, interfiriendo de ese modo en un proceso penal. Mientras, la fiscal es amenazada en su casa, y deba estar custodiada para evitar que se le dañe a ella o a su familia.
Y debo decir, que la fiscal Ximena Chong tiene el apoyo de todos quienes creemos que la justicia debe imponerse a la barbarie y que defendemos los derechos humanos como marco en el que debe acotarse siempre el actuar del estado.
Pero ¿saben que es lo peor de todo esto? Que no es la primera vez que ocurre.
Abogados que defienden a mapuches en el sur, son constantemente hostigados por las mismas policías. En una oportunidad un par de sujetos siguió a los abogados hasta la sala misma del tribunal. La fiscalía entonces no pareció escandalizarse. De hecho, no han iniciado causa alguna contra quienes cometen acciones de amedrentamiento contra los abogados defensores de mapuches.
Déjenme recordarles como los abogados que defienden a mapuches en el sur, son constantemente hostigados por las mismas policías. En una oportunidad un par de sujetos siguió a los abogados hasta la sala misma del tribunal. La fiscalía entonces no pareció escandalizarse. De hecho, no han iniciado causa alguna contra quienes cometen acciones de amedrentamiento contra los abogados defensores de mapuches.
Al término de esa pantomima de juicio oral que fue el segundo juicio en el caso Luchsinger-Mackay, el fiscal dijo en la corte que los abogados defensores se habían repartido la impugnación de pruebas de la fiscalía. El abogado defensor Román señaló que sí y que ese acuerdo se hizo por teléfono. El fiscal conocía la conversación. El abogado señala que son objeto de escuchas ilegales y la fiscalía calló y los jueces callaron.
Asimismo, la abogada Karina Riquelme, subió fotos a redes sociales mostrando como era amedrentada en su casa, por sujetos que iluminaban su ventana durante la noche. Lo que provocó la acción inmediata de Amnistía Internacional, dada la gravedad de las amenazas que ha sufrido. Sin embargo, esto, al parecer, no fue motivo de preocupación para la fiscalía regional ni para los jueces… ¡¡ni para los jueces!!
Un fiscal regional, años antes, en un caso contra mapuches, ocultó al ministro de la Corte -a quien pidió una orden de escucha para un teléfono- que el número era del abogado defensor, su contra parte en el juicio. Hace más de una década, la jueza Rosa Muñoz Gibert, del juzgado de letras de Los Muermos, renunció su cargo, por las amenazas de que era víctima ella y su familia, cuando sustanciaba un proceso por la tala ilegal de alerces.
Por otro lado, hoy la ultraderecha se suma a los ataques a la fiscal Chong y la fiscalía reacciona de inmediato apoyando su trabajo. Me parece que es lo correcto, sin duda alguna, pero en La Araucanía, la fiscalía trata como coleccionista de armas a un empresario anti mapuche que tenía en su casa hasta un lanza cohetes.
Y hasta ahora, no hay ni un solo detenido por los ataques racistas a mapuches. Hechos que son de común ocurrencia.
Los ataques a la fiscal Chong son de tal gravedad que hacen tambalearse nuestro estado de derecho, pero estas acciones son de larga data, y en el sur la fiscalía le ha restado importancia, ha mirado para el lado y no ha investigado este accionar de las policías en asociación a ciertos grupos de ultraderecha.
Hoy, mientras se editaba esta columna, conocimos otro caso, de un joven acusado falsamente de portar molotov mostrando imágenes que están en la carpeta investigativa, y que fue cerrada hace meses cuando la fiscalía de Concepción decidió no perseverar en contra del imputado falsamente acusado – quien estuvo en prisión preventiva un mes en la cárcel más 4 meses con arresto domiciliario. La fiscalía no formalizó a los carabineros involucrados. Recién se presentó querella del imputado.
La fiscalía debe plantearse cuánta responsabilidad le cabe en este ataque a una de los suyos. Los jueces, que desestiman las quejas de los abogados defensores que son hostigados o amenazados por las policías, no pueden esperar a que ataquen a un o una magistrado para reaccionar.
La fiscalía debe plantearse cuánta responsabilidad le cabe en este ataque a una de los suyos. Los jueces, que desestiman las quejas de los abogados defensores que son hostigados o amenazados por las policías, no pueden esperar a que ataquen a un o una magistrado para reaccionar.
Señala Rodrigo Kong, abogado penalista, con postgrado en derecho internacional de DD.HH. que: “La fiscalía está incumpliendo de manera grave una obligación reiterada en varios fallos de la Corte IDH (entre ellos, el fallo Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile) en orden a “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.
La fiscalía y el poder judicial, deben preguntarse como permitieron que las cosas llegaran a este punto y desandar el camino y poner un alto a este tipo acciones. Miren a otros países, y vean que este camino termina siempre con fiscales, jueces, abogados y testigos asesinados.
Es vital, no solo para nuestra democracia, sino para mantener un estándar de justicia e igualdad ante la ley, que nos permita seguir llamándonos a nosotros mismos una nación civilizada.
