Agosto 2020: Asomo de justicia y la impúdica connivencia gobierno-camioneros

Tras largos meses de impunidad, la total falta de colaboración de Carabineros, más cercana a la obstrucción a la justicia y un silencio cómplice de las autoridades políticas, reservadas diligencias llevadas a cabo por parte del Ministerio Público, acompañadas de peritajes de la Policía de Investigaciones, hicieron posible que durante agosto fuesen llevados en calidad de imputados ante tribunales los dos oficiales sindicados como los autores de los disparos con armas antidisturbios que impactaron en pleno rostro a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, y que los dejaron ciegos.

Tras sus respectivas audiencias de formalización, a ambos se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva que cumplen en recintos policiales y no en recintos penales, como cualquier ciudadano. Otro resabio de la constitución que entrega privilegios a los miembros de las fuerzas armadas y de orden. Como dijo el fundador de Inti Illimani Jorge Coulón en Twitter, “Porqué los médicos procesados no cumplen prisión preventiva en los hospitales y los profesores en las escuelas?“

Pese a lo anterior, se trata de un importante paso para llegar a la anhelada justicia para estos dos emblemáticos casos de violación a los derechos humanos tras la revuelta social, que desde el primer minuto tuvo como respuesta del gobierno su criminalización, para lo cual se le dio Carabineros total libertad para reprimir sin ningún tipo de sanción ni reproche. Lo que desató que entre el 18 de octubre y el inicio de la pandemia del coronavirus, que es cuando se aplacaron las protestas, se hayan violado los derechos humanos como nunca desde la dictadura, con la total complicidad del alto mando de la institución. Lo que es corroborado por el mismo director general de Carabineros, quien el 13 de noviembre pasado dijo: “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.

Aunque es un paso importante y se trata de dos de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, son sólo los autores materiales de los disparos los procesados. Queda aún mucho trecho para indagar por la responsabilidad de mando dentro de la institución policial. Porque estos oficiales -un teniente coronel y un capitán- son parte de un sistema que tiene internalizado un modo de actuar, fuera de todo protocolo para el control de orden público. Y tampoco se trata de casos aislados, porque hay muchos más y con resultados de muerte, como Mauricio Fredes, Abel Acuña, Jorge Mora, Alex Núñez, Kevin Gómez y otra veintena de personas fallecidas desde el 18 de octubre en extrañas circunstancia aún no aclaradas por la justicia, que tienen como denominador común el actuar de policías y militares. Y también están los cientos de heridos oculares, víctimas de disparos de armas para uso disuasivo, utilizadas para impactar directo a los rostros de los manifestantes. De nuevo, ausencia total de protocolo y, dada la masividad de heridos en similares circunstancias -más de 400 personas-, se hace imposible hablar de casos aislados. Por ello, queda pendiente investigar si hubo una orden de causar dichas lesiones o los oficiales que dispararon de esa manera lo hicieron por iniciativa propia sabiendo de la protección del alto mando. Igual de graves ambas hipótesis.

Queda todavía pendiente la responsabilidad política de esta barbarie. Se supone que Carabineros de Chile es una institución jerarquizada y dependiente de la autoridad política, en este caso del Ministerio del Interior. La que ha brillado por su ausencia en querer controlar el actuar de sus fuerzas.

Y queda todavía pendiente la responsabilidad política de esta barbarie. Se supone que Carabineros de Chile es una institución jerarquizada y dependiente de la autoridad política, en este caso del Ministerio del Interior. La que ha brillado por su ausencia en querer controlar el actuar de sus fuerzas. Ni menos algún atisbo de pedir explicaciones o cuestionarlas. El respaldo ha sido total. Con todo, el hecho que se estén persiguiendo las responsabilidades en los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica es una gran noticia.

La impúdica connivencia

En un duro escenario económico, con un desempleo al alza y la sostenida pérdida de poder adquisitivo en los hogares, se sumó este mes un paro de un sector de dueños de camiones, que, en varias ciudades del sur del país está generando problemas de abastecimiento de combustible y algunos productos, además de los cortes de rutas y carreteras. Se trata de una movilización que tiene detrás a la Confederación Nacional del Transporte de Carga y la Federación de Camioneros del Sur, de las que no participan la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, ni tampoco Chile Transporte, ligada a la Sofofa, todas ellas de data más antigua e histórica que las hoy movilizadas. Lo que marca que no es un paro de camioneros, sino que, de un grupo de dueños de camiones, que no representan a la totalidad del gremio.

Se trata de un paro, según sus organizadores, gatillado por diversos hechos de violencia ocurrido en la región de La Araucanía y también contra choferes de camiones que han sufrido ataques y quemas de sus medios de transporte. Todo ello agravado por el caso de una menor, hija de un trasportista, que resultó baleada durante un asalto a un camión en el que ella iba a acompañando a su padre. Hasta ahí, atendible reclamar por seguridad. Todo ello dio pie a estas organizaciones a exigir que el gobierno y el parlamento tramiten de manera inmediata 13 proyectos de ley que, según ellos, les aseguraría tranquilidad y la no ocurrencia de nuevos hechos de violencia. Y con la presión que sean aprobados de manera inmediata. Sin embargo, de estos 13 puntos, diez son proyectos de ley impulsados por el gobierno o los partidos de ChileVamos y que se encuentran en diversas etapas de trámite legislativo. Cosa que ya sabían los transportistas movilizados al momento de llevar a cabo su movilización, como también que el gobierno carece de mayor margen de maniobra para apurarlos. Entre los que se encuentran proyectos de ley relacionados con la reforma a la ley de Inteligencia, que lleva años discutiéndose en el país; la separación de funciones entre Carabineros e Investigaciones; la ley Antiterrorista; el proyecto que introduce mejoras en la persecución del narcotráfico o la modificación de la ley de control de armas. Muchos de los cuales superan el ámbito de acción de la legítima petición de seguridad para los transportistas. Lo que lleva a pensar si no hay una agenda paralela u otro tipo de intenciones detrás del paro.

Entramado con este amplio y desmedido petitorio se encuentra la insólita inacción del gobierno frente al paro, omisión que más parece connivencia o acaso escondida complicidad. Porque junto con hacer suyo el petitorio y ponerle presión al Congreso para que apure al tranco al conjunto de proyectos de ley, olvida que su primera misión como autoridad es respetar y hacer respetar la ley y el orden público. Vulnerados desde el primer minuto durante el bloqueo de las carreteras, al impedir el libre tránsito de los vehículos, permitir la agresión a transportistas que sí querían transitar por las vías, o permanecer en las carreteras en horario de toque de queda, a vista y paciencia de carabineros y militares. Ahí, el doble estándar se hace patente, porque para estos grupos de dueños de camiones -de cercana afinidad ideológica al gobierno-, la acción de la fuerza pública no les ha llegado ni por asomo. Ni pensar en Fuerzas Especiales de Carabineros, carros lanzaaguas o similares, siempre atentos a actuar con otros ciudadanos. Ni menos en hacer cumplir la ley antibarricadas propiciada por este mismo gobierno, que penaliza a quienes entorpezcan el libre tránsito de calles y carreteas, ni tampoco aplicar la ley de Seguridad del Estado, que tan rápido se utiliza para aplacar las protestas sociales.

El doble estándar se hace patente, porque para estos grupos de dueños de camiones -de cercana afinidad ideológica al gobierno-, la acción de la fuerza pública no les ha llegado ni por asomo. Ni pensar en Fuerzas Especiales de Carabineros, carros lanzaaguas o similares, siempre atentos a actuar con otros ciudadanos. Ni menos en hacer cumplir la ley antibarricadas propiciada por este mismo gobierno.

Ese doble rasero de un gobierno que tilda de “manifestación pacífica” a una movilización que impide el libre tránsito y que se omite de hacer cumplir la ley a las fuerzas de orden y seguridad, muestra a una autoridad que entiende que la ley puede ser aplicada con todo el rigor a unos (los adversarios) y no a otros (nuestros aliados) y que quedó superada de hacer cumplir la ley por parte del Ministerio Público que sí entendió su rol y, a través de su máxima autoridad, ofició a fiscalías regionales para abrir investigaciones contra camioneros por los cortes de rutas. Entremedio, Piñera deambula en confusas frases como “no vamos a permitir la toma de las carreteras o la interrupción del suministro”, palabras que se llevó el viento porque, en los hechos, sí lo permitieron. Lo que deja en el aire la duda si algún gremio no afín al gobierno hubiese osado a cortar caminos, agredir a quienes no se sumen o atreverse o desafiar el toque de queda, cuál hubiese sido la reacción del Ejecutivo. No hay que ser adivino. A la fecha de cierre de esta editorial (31 de agosto por la tarde), lo único parecido a hacer cumplir la ley, fue el anuncio del ministro del Interior de evaluar invocar Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros, tras rechazar propuesta del ejecutivo ese mismo día. Sin embargo, hechos concretos, nada.

El doble rasero de Carabineros

Esta doble cara de hacer la vista gorda ante el incumplimiento de la ley de grupos afines, en los hechos se traduce no sólo en ver a carabineros confraternizando junto a los camioneros movilizados e inhibidos de hacer cumplir la ley. Además de ello, el gobierno y la policía uniformada son cuestionados por la doble cara que presentan para resguardar el orden público en manifestaciones sociales o políticas. Porque, mientras la represión es instantánea apenas hay asomo de manifestación pública contra el gobierno, al mismo tiempo se ha visto a Carabineros, literalmente, escoltando a grupos afines al “Rechazo”, para quienes hay todas las garantías de manifestarse. O más brutal aún lo ocurrido en Ercilla, Traiguén Curacautín y Victoria, cuando a principios de agosto grupos de civiles armados atacaron a comuneros mapuche que se mantenían en toma en dichos municipios, y también provocaron serios incendios en los edificios consistoriales, todo bajo la cómplice mirada de carabineros que no sólo no impidieron los ataques y golpizas, sino que se sumaron a los ataques y golpes.

Todo esto deja entrever un serio problema de procedimiento, que hace recordar los tiempos de la dictadura, cuando la represión era igual de brutal con los grupos opositores en manifestaciones públicas, mientras que para los partidarios del régimen el trato era de total condescendencia, acaso de patronal obediencia.

Conducta ni por mucho reciente, pero que deja entrever un serio problema de procedimiento, que hace recordar los tiempos de la dictadura, cuando la represión era igual de brutal con los grupos opositores en manifestaciones públicas, mientras que para los partidarios del régimen el trato era de total condescendencia, acaso de patronal obediencia. De conductas como esas, hay ya muchos testigos. Como el joven que a fines de agosto fue detenido en las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad sólo por portar una bandera mapuche. Mientras a pocas cuadras, en la comuna de Providencia, un puñado del autodenominado grupo de ultra derecha “Capitalismo Revolucionario”, ondeaba sus banderas custodiados por carabineros.

Esto último hace pensar ante qué clase de institución garante del orden público estamos. ¿Una con directrices para reprimir a un grupo de chilenos y resguardar a otros, según el signo político que lleven en sus banderas?

La derecha que busca “ganar perdiendo”

Conscientes que el resultado del plebiscito se vislumbra con un aplastante triunfo del “Apruebo”, algunos resucitados personajes de la derecha como Pablo Longueira advierten que la real lucha por la defensa del modelo neoliberal no estará en el plebiscito del 25 octubre, sino que en el escenario que vendrá después con la llamada Convención Constitucional, donde se comenzará a dibujar la nueva constitución. Y otros, con una buena dosis de ubicuidad política, como Joaquín Lavín y Felipe Kast, entre otros, han publicado a los cuatro vientos que votarán “Apruebo”, quizás emulando al propio Piñera, que mantiene como herramienta de prueba de blancura democrática el haber dicho desde 1988 que votó por el “No” en dicho referéndum. Así, pese a perder, algunos de los miembros de nuestra derecha podrán decir que ganaron.

Se trata de un acto político en el que es más fuerte el anuncio del voto, que el sufragio mismo en el secreto de la urna, donde sólo el votante sabe lo que realmente marcó. Un esfuerzo que podría pensarse como un intento de evitar apuntar a la derecha y al gobierno como perdedores del plebiscito y poder decir que también ganan con el “Apruebo”. Todo sea por salir bien parados de este escenario que jamás imaginaron vivir antes del 18 e octubre. Mientras que, del otro lado, se ve una oposición fagocitada y envuelta en infantiles peleas, que no fue capaz de articular un discurso común frente al plebiscito y su franja electoral. Signo que no se avizoran precisamente tiempos de unidad que le permitan disputarle con alguna real chance la presidencia a la derecha.