Diciembre 2019: Masiva consulta Municipal y la épica lucha por el control de Plaza Baquedano
El fin de año culminó con un país que nadie imaginó apenas un par de meses atrás: con un gobierno alineado en el ala más dura de la derecha, pero obligado a ceder la Constitución de 1980, legado de la dictadura y de Jaime Guzmán, que funciona como pilar para el funcionamiento del modelo neoliberal, experimento social único en el mundo e impuesto a la fuerza por Pinochet. Cambios impensados y propiciados por una inédita movilización social, cansada de abusos, y no por la presión de una oposición política – igual de desbordada y descolocada que el gobierno- que solo atinó a subirse en el último vagón de este tren de cambios.
Al terminar este mes y también el año, quedó la sensación que 2019 comenzó el 18 de octubre y que cualquier otro evento, actividad o declaración anterior, fue relegada a una intrascendente nebulosa. Así, los últimos días del año quedaron marcados por la constante de las manifestaciones callejeras, con menor masividad que en las primeras semanas, pero sin tregua y con un discurso dirigido hacia una élite económica, política y social interpelada y sindicada como la causante de las desigualdades y abusos que viven los chilenos. Proceso de movilización duro y complejo, pero necesario según la gente, si nos remitimos a la «Encuesta Movilización 2019», que revela que el 68 por ciento de las personas piensa que lo ocurrido desde el inicio de la crisis social, en octubre, ha sido necesario para poder generar cambios.
Manifestaciones que al finalizar 2019 mantuvieron la tónica de una violencia entre dos bandos que no se dieron tregua, y que tuvo como gran símbolo la ocupación o recuperación (según sea el caso) de la tradicional Plaza Baquedano, bautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad. Espacio a esas alturas de un carácter épico que nadie estuvo dispuesto a transar, como si dicho emplazamiento fuese el foco de las demandas ciudadanas. Y en ese juego cayó el gobierno, a través del intendente Metropolitano, Felipe Guevara, quien se tomó casi como un objetivo personal “recuperar” ese espacio, que desde su perspectiva se convirtió en un signo de pérdida de autoridad y control del orden social. Por ello, su empecinamiento en “copar” de fuerzas especiales de Carabineros el lugar y hacerse del trofeo al costo que fuera. Costo que, como era de suponer, traería consecuencias en vidas y heridos, como el caso de Mauricio Fredes, quien falleció el viernes 27 de diciembre al caer a un foso electrocutado, al intentar escapar de Carabineros. U Óscar Pérez, que resultó aplastado entre dos vehículos de Carabineros durante una jornada de manifestaciones en la tarde del 21 de diciembre, en el mismo sector de Plaza Baquedano. Violencia que también alcanzó al Cine Arte Alameda, incendiado en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades, tras enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros.
En este marco de violencia, los informes de entidades independientes de fiscalización al respeto de los Derechos Humanos, continuaron siendo un dolor de cabeza para el gobierno. En diciembre fue el turno del equipo de Naciones Unidas, encabezado por su Alta Comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet, que a mediados de mes emitió un duro informe en el que consigna la ocurrencia de muertes ilícitas con participación de agentes del Estado, torturas, violencia sexual; se cuestiona los procedimientos policiales y realiza una serie de recomendaciones, entre ellas “el cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones”. Informe que tuvo como respuesta por parte del canciller Teodoro Ribera que este y ninguno de los otros trabajos plantea “violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”.
La miopía de Piñera
La respuesta del canciller está perfectamente en sintonía con la tónica de entender este suceso social como un problema de orden público, dejando en un segundo plano el profundo malestar que originó estas protestas, que con el pasar del tiempo, sí constituyeron también un problema de orden público. Pero, no el principal. Sin embargo, el gobierno siguió atacando los síntomas del problema y no sus orígenes. En este contexto se entienden las palabras del Presidente Piñera, quien en una entrevista con el periodista argentino Andrés Oppenheimer, aseguró que existe una “gigantesca campaña internacional de desinformación destinada a crear una sensación de desorden y una crisis total en el país, y que han tenido, sin duda, la participación de gobiernos e instituciones extranjeras”. O el mismo mandatario, que, en entrevista con La Tercera el 29 de diciembre, dijera que: “Lo peor de la crisis ya pasó”. Declaraciones que denotan una clara negación o incomprensión de lo que está pasando en el país. Miopía que se refleja con la creación del cargo de director de Comunicaciones de la Presidencia, para intentar posicionar de mejor manera a Piñera en los medios y para lo cual se eligió a un editor de política del diario El Mercurio. Como si el problema mayor del país fuese la aprobación de Piñera y su gobierno.
En este marco de violencia callejera, hubo una bocanada de oxígeno y tregua a mediados de mes cuando más de dos millones de chilenos participaron de la consulta municipal, en 225 municipios del país, y que tuvo como gran resultado un 80% a favor de tener una nueva Constitución. Con este fuerte respaldo a los cambios, Piñera promulgó la reforma a la Constitución que permitirá realizar el proceso constituyente y, de este modo, elaborar una nueva carta fundamental.
Mientras tanto, las señales desde el Congreso parecieron seguir también alejadas de las demandas ciudadanas. Salvo contadas excepciones, la clase política también se vio alineada con la lógica del restablecimiento del orden público e implementar leyes punitivas a las manifestaciones. Al mismo tiempo que leyes que buscan sancionar delitos como la colusión siguen esperando al fondo del cajón de las prioridades.
